Retos de los Nuevos Partidos Políticos
Las elecciones del 6 de julio de 1997 depuraron
el sistema de partidos en México, al no mantener su registro como partidos
políticos nacionales el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Cardenista
(PC) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM). Dichos partidos, por su perfil
ideológico y su conformación, ya representaban poco en el esquema de fuerzas
sociopolíticas de la nación y fueron los electores los que en las urnas decidieron
que no tenían por qué conservar su registro.
Si como anteriormente mencionamos, sólo tres de los nuevos partidos políticos
representan fuerzas reales y significativas; los restantes, corren el riesgo
de tener la misma suerte que los partidos PPS, PC y PDM en las elecciones
de 1997, es decir, pasar sin pena ni gloria por el proceso electoral ya que
difícilmente mantendrán su registro al carecer de arraigo, contar con una
larga historia de apariciones y desapariciones en la vida electoral y no representar
nuevas alternativas ideológicas o políticas.
Muchos de estos nuevos partidos buscan la posibilidad de construcción de mayoría
en la Cámara de Diputados; otros más, antes de nacer trabajaban en la construcción
de un bloque opositor contra el PRI. Sin embargo, deberán pasar la prueba
de las urnas para validar en interés ciudadano. El reto es: la unidad en la
diversidad, para el beneficio del país.
Las organizaciones que cumplieron los requisitos y obtuvieron su registro
como partido político nacional, enfrentarán como reto principal para el 2000
la permanencia. Para conservar su registro deberán obtener, por lo menos,
2% de la votación en cada una de las elecciones federales ordinarias para
diputados, senadores y Presidente. En caso de no presentarse así, perderán
el registro y con él los derechos y prerrogativas que establece la ley, además
de que no podrán solicitar un nuevo registro hasta después de que transcurra
otro proceso electoral federal, esto es, hasta después del año 2003.
Otro de los retos es la falta de confianza y escepticismo que hay por parte
de analistas políticos en torno a la existencia de los mismos; según ellos,
lo nuevos partidos políticos no fomentarán la vida democrática y confundirán
más a la opinión pública en el proceso electoral del año 2000. Ahora bien,
los partidos que sobrevivan dificultarán en el Congreso de la Unión la formación
de una mayoría opositora que contribuya al equilibrio de los poderes Ejecutivo
y Legislativo. Este grupo concluye las críticas argumentando que el reconocimiento
de estos nuevos grupos es la expresión de una democracia insuficiente e inmadura
que sólo busca el voto, que tiende a la partidocracia, se aleja de la población
y se centra en una clase política que sólo aspira a disponer de mayores recursos
y beneficios.
Estos son los puntos de vista de los analistas políticos, lo que opinan los
fundadores de los partidos registrados por el IFE el 29 de junio de 1999 es
distinto. José Antonio Calderón Cardoso, Carlos Guzmán Pérez, Gustavo Riojas
Santana, Manuel Camacho Solís, Dante Delgado Rannauro y Gilberto Rincón Gallardo
coinciden en que los nuevos partidos llenan el vacío que los actuales son
incapaces de ocupar y proponen soluciones a los problemas que se han acumulado
con el actual régimen y que tienen a la sociedad de estática ante el autoritarismo
gubernamental.
Manuel Camacho Solís asegura que los nuevos partidos políticos, y en especial
el suyo, el del Centro Democrático, representan a aquella parte de la sociedad
que no quiere que el país esté como ahora, que desea vivir en paz, tener una
justa oportunidad de trabajo y la posibilidad de prosperar poco a poco, por
un camino certero, sin tantos abusos, sin desigualdades tan extremas. Agrega
que este nuevo esfuerzo político es producto de los hombres que están preocupados
porque el México que desean se halla cada día más lejos, al que se le exige
más trabajo y sacrificio, en tanto que la respuesta gubernamental es débil
e incapaz de generar confianza en la sociedad. El fundador del Partido del
Centro Democrático asegura que en este momento el futuro de México está en
riesgo porque las divisiones crecen, las instituciones del Estado se han debilitado
y desprestigiado, el sistema político actual se ha abierto electoralmente,
pero ya no garantiza estabilidad, la inseguridad afecta a todos por igual,
el gobierno está inmovilizado, la política económica ha logrado cierta recuperación,
pero no puede consolidar el crecimiento, sin dejar de agregar que la Constitución
ha perdido efectividad para organizar el poder público y proteger a los ciudadanos.
Camacho Solís afirma que ha llegado el momento de preparar el cambio histórico
que garantice el futuro de la nación.
El escenario más previsible para superar los retos, en especial el de la permanencia
dentro del sistema partidista nacional es el de las coaliciones. El porcentaje
de votos a disputar entre las seis organizaciones políticas sería de entre
dos y tres por ciento. Tomando en cuenta que los votos y porcentajes históricos
del PT y del PVEM (seis por ciento en conjunto) serían canalizados a las coaliciones
respectivas, lo más probable es que sólo uno de los nuevos partidos pudiera
confirmar su registro; esto significa un alto riesgo para las seis nuevas
organizaciones políticas.
El Partido del Centro Democrático y Convergencia por la Democracia han manifestado
su intención de coligarse en una amplia fuerza opositora que integre al PAN
y al PRD. De no darse dicha alianza –como, se percibe, ocurrirá–, estas dos
fuerzas políticas podrían tomar caminos diferentes para conformar coaliciones.
El Partido de Centro Democrático estaría entonces quizás más cerca de concretar
una coalición de organizaciones de centro-derecha encabezada por Vicente Fox
como candidato del PAN. Por lo que respecta a Convergencia por la Democracia,
dados los antecedentes de coalición en Veracruz y ya descartado Miguel Alemán
de la candidatura priista, intentará con el fin de asegurarse el mantenimiento
del registro y la presencia de su líder, buscar alianza con cualquier partido
aún no definido; si bien, podemos conjeturar su integración a la coalición
de centro-izquierda que comandará el PRD.
La alianza que pretenda hacer el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
sigue siendo una incógnita. Por un lado, desde su constitución como partido
político y hasta 1988, el PARM apoyó directa o indirectamente a los candidatos
del PRI; más adelante y a raíz de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas de este
partido, el PARM postula por primera vez a un candidato abiertamente contrario
al oficial. Desde ese momento, en sus posteriores participaciones en elecciones
federales su estrategia fue la de proponer candidatos propios. Ahora, el único
escenario posible para el PARM es la participación en coalición con otras
fuerzas; sin embargo, la reciente historia política de este partido, caracterizada
por las fracturas, impide determinar si su alianza será con el PRD o con el
candidato del PRI. Por otro lado, se ha hablado de una posible alianza de
este nuevo partido con otros nuevos como Acción Social y Sociedad Nacionalista
Si no se consolida la alianza, el PARM presentará candidatos propios a la
Presidencia de la República, diputados y senadores.
Por lo que respecta a la posición del Partido Alianza Social con respecto
a una posible coalición, las tendencias sinarquistas de algunos de sus miembros,
así como la base electoral en el centro del país (Guanajuato y Querétaro),
podrían apuntar a su posible inclusión en una eventual alianza conformada
en torno a la figura de Vicente Fox.
La ubicación del Partido Sociedad Nacionalista dentro de las posibles coaliciones
que se formen para el 2000 no es del todo clara; sin embargo, hay quienes
sostienen que podría constituirse en posible aliado del PRI. De no lograrse
esto, presentará candidatos propios a la Presidencia de la República y a las
cámaras de Diputados y Senadores.
De los nuevos partidos políticos, el único que ha manifestado abiertamente
su oposición a contender mediante coalición es Democracia Social. Su perfil
de partido de izquierda, así como el hecho de que su fundador, Gilberto Rincón
Gallardo, salió recientemente del PRD, pueden ser considerados razones para
no establecer una alianza, toda vez que participar en ella significaría integrarse
a la coalición de centro-izquierda. El elevado costo que tendría que pagar
de ser así, es la inquietud que se generaría dentro y fuera del partido en
el sentido de que el esfuerzo de haber constituido una fuerza política de
izquierda distinta al PRD no hubiera valido la pena. Sin embargo, algunos
pragmatistas sostienen que una coalición permitiría a Democracia Social mantener
el registro y, a partir de ello, consolidarse ante el electorado con el tiempo
suficiente para poder presentarse ante la sociedad como una opción seria de
izquierda; de acuerdo con este punto de vista, de contender este partido con
un candidato propio podría enfrentarse a dos riesgos: la posibilidad de perder
el registro y el que sus críticos lo consideren como un partido promovido
para debilitar al PRD.
Mucho se ha hablado de que nuestra legislación es una traba para las coaliciones;
ha habido voces que inclusive la califican de traba insalvable. Sin embargo,
el registro de los partidos es objetivamente más difícil que la formación
de una coalición total. En el derecho comparado encontramos todo tipo de sistemas,
desde el que permite las coaliciones sin requisitos mayores hasta los que
las prohíben; en la doctrina, las coaliciones tienen un tratamiento diferenciado
entre las que son propiamente electorales y las que son parlamentarias. En
México sólo las primeras están legalmente reguladas; nuestra legislación reglamenta
las coaliciones partiendo de la base de que el electorado debe tener claro
qué se le está ofreciendo políticamente cuando dos fuerzas políticas distintas
se unen, no sólo para la elección misma sino también para el gobierno en caso
de que obtengan el triunfo. En esto puede haber opiniones encontradas, pero
lo cierto es que ése es nuestro régimen legal y a él se tienen que sujetar
los partidos políticos si quieren postular al mismo candidato a la Presidencia
de la República.
Si existe un problema en cuanto a la posibilidad de establecer una coalición,
no radica en el cumplimiento de los requisitos legales; éstos podrían ser
cumplidos si existiera un acuerdo en lo esencial entre los partidos políticos
sobre la plataforma electoral y los programas de gobierno que quieren presentar
conjuntamente al electorado mexicano. Es claro, dado que así lo han hecho
público varios de ellos, que la prioridad para algunos miembros de la oposición
es derrotar al partido mayoritario a como dé lugar. Si logran ponerse de acuerdo
en una oferta política conjunta clara y transparente, la coalición puede ser
bien recibida; los mexicanos podremos reflexionar sobre la plataforma electoral
y el programa de gobierno que nos esté ofreciendo dicha alianza y contrastarlo
con la del otro u otros partidos contendientes a efecto de sufragar por la
opción que más nos convenza.
En última instancia se debe reconocer que la verdadera esencia de un sistema
democrático radica en que sus reglas y valores permitan que triunfe y gobierne
quien logró, en un marco de equidad en las condiciones de la contienda electoral,
el voto mayoritario de un electorado lo más amplio posible, el cual manifestó
su voluntad no únicamente de manera libre, secreta y directa sino también
debida y claramente informada sobre las opciones que se le ofrecieron. En
estas condiciones las coaliciones son válidas, así como los nuevos partidos
se diluyan en los más grandes para alcanzar el triunfo o para conservar su
registro, dado que serán los ciudadanos, a través de su voto, los que determinen
si esa oferta política les convence.